Editorial / Más Aquagest

La jueza que instruye el 'caso Aquagest' ha decidido sumar ocho nuevas imputaciones a la causa. Entre los nuevos imputados se encuentran Salvador Méndez, alcalde de Coaña; Francisco José Balmori Poo, el que fuera director general de Administración Local en el Principado, y Joaquín Fernández, quien ocupó el cargo de secretario de Comunicación del PP en Asturias. Completan la lista Rosana González Fernández, María Rosa Suárez Peláez, José Ramón Pérez García, María Isabel Prieto Cigarrán y Roberto Santiago Fernández.

La juez –que es asturiana, pero trabaja en Lugo– considera que han podido cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias. Los imputados supuestamente se beneficiaron de estancias en el balneario de Las Caldas y de un viaje a Coruña que habría sufragado la empresa Aquagest (que se llama Asturagua en Asturias).

En su providencia, la instructora del 'caso Aquagest' (que en términos policiales se llama 'caso Pokémon') decide además inhibirse al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en relación a los delitos que pudieran haber cometido el presidente de esta comunidad, Juan Ignacio Diego Palacios, y el consejero de Obras Públicas Franciso Javier Argüeso. Lo hace por su condición de aforados.

La instrucción de este caso está siendo prolongada. La juez encargada de la misma ha ordenado la investigación de todos los contratos suscritos por Aquagest con más de 25 ayuntamientos asturianos.

El caso se centra en investigar la supuesta trama ilegal que se habría dedicado a generar dinero negro mediante el pago de obras encargadas por la antigua empresa Aquagest, una marca de Aguas de Barcelona que ya sólo opera en Galicia.


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