Editorial / Fuerte marejada

La Audiencia Nacional investigará la construcción del llamado 'superpuerto' de El Musel, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción; por si pudo haberse movido algún dinero irregular. En esa sospecha coincide con la Unión Europea, ante quien España acaba de recurrir una posibilidad de sanción que obligaría a devolver las ayudas de la UE (muy millonarias... en euros).

Y la investigación –que llevará el fantástico juez Gómez Bermúdez– volverá a poner en la picota al ingeniero José Díaz Rato, que durante años fue director general de la Autoridad Portuaria y fue también jefe de la obra; lo que seguramente es legal, pero no es estético (y, probablemente, tampoco ético): que la mano derecha de alguien firme lo que ha hecho su mano izquierda no es muy normal. Y, desde luego, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.

Salvo un breve periodo de tiempo (en que las inquinas personales marcaron su devenir), el puerto gijonés ha estado siempre fuera del debate político, especialmente porque sus gigantescos ingresos contribuían a financiar todo lo público: sindicatos, partidos, instituciones, fundaciones...

Pero, para gobernar, José María Aznar necesitó el apoyo de Jordi Pujol (decía hablar catalán "en la intimidad", como se recordará) y entonces Madrid dio los puertos a las comunidades autónomas... y de aquellos polvos, estos lodos.

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