EDITORIAL / De Justicia

Un interesante debate televisivo celebrado ayer en 'La Tuerka' (la emisión de 'PúblicoTV') puso de manifiesto algunas deficiencias de la Administración de Justicia en España y su difusión coincidó con un par de noticias relacionadas con ese tema: la prescripción de parte del 'caso Aquagest' y la denuncia contra Juan Fernando López Aguilar.

El primero es claro: la juez instructora ve indicios de delito, pero está obligada a desimputar a varios afectados porque la Ley vigente en aquel momento contempla la prescripción a los tres años... así que unos probables políticos delincuentes no podrán ser juzgados porque no fueron pillados a tiempo; ¡vaya un ejemplo para sus gentes!

Y el segundo también: el eurodiputado del PSOE parece haber sido acusado falsamente por su ex-esposa para quedarse con la custodia de los hijos de ambos, pero la legislación aplicable en su caso pone la carga de la prueba sobre el acusado; de modo que es culpable si no consigue demostrar su inocencia... por una Ley aprobada por él mismo cuando fue ministro de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero. Así que se puede decir que este socialista canario está probando su propia medicina.

Pero el debate en Asturias está puesto en los AVE, a raíz de que un economista haya dicho que no son rentables... ¡claro que no, pero son útiles! Y eso es lo que hace la Política, porque Economía y Política son cosas que tienen relación pero son distintas; como prueba el hecho de que no se llamen igual.

Comentarios

  1. Coincido plenamente con esta editorial en los tres puntos que aborda.

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  2. Si el posible delito estaba está prescrito, ¿porque la jueza admite la imputación?
    Y si no hay juicio, ¿Como sabe la jueza que hay delito?
    La jueza, no lo olvidemos, tiene que hablar de acuerdo a las leyes vigentes
    No son juzgados, no pueden defenderse, pero quedan "señalados"

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