No hay para dependencia, pero sí para 'Eurofighters'

Por Carlos Miguélez Monroy

Los recortes de 1000 millones de euros por parte del gobierno de España para atender a personas dependientes equivalen al coste de dos de los cuatro buques de Proyección Estratégica militar que ha comprado el gobierno. Así lo denunciaban Fundación por la Paz, el Centro de Estudios para la Paz y otras tantas organizaciones que se oponen a la priorización del gasto militar por encima del social.

Incluso si llegara un nuevo gobierno con voluntad para revertir esa prioridad, España debe 21.389 millones de euros a empresas por 22 programas de armamento a los que se han comprometido desde 1997, según eldiario.es. Dos de ellos tienen pendiente su adjudicación. El coste total de todas las adquisiciones que ha hecho el Ministerio de Defensa a través de estos programas alcanza los 30.000 millones de euros, equivalentes al 3 % del PIB nacional.

Con ese dinero se han comprado aviones Eurofighter (EF-2000), diseñados para una guerra entre estados o para repeler una invasión o para zonas sin montañas, de escasa utilidad para posibles amenazas militares a España. Esos aviones fueron diseñados para un contexto geopolítico anterior a la caída del Muro de Berlín, al desmoronamiento de la Unión Soviética. También se adquirieron aviones A 400 de transporte militar de largo alcance y que funciona como avión cisterna, diseñado por Airbus Military.

Los helicópteros de ataque Tigre y NH-90, los obuses, los blindados, los cazas EF-2000 y los misiles asociados, algunos de ellos en fase de producción, han visto poca o nula actividad y pronto quedarán obsoletos, según Pere Ortega, director del Centro Delàs.

Ocurre lo mismo con el Príncipe de Asturias, el único portaaviones de la armada española, puesto en servicio en 1988 y anclado en una dársena a la espera de encontrarle uso. Para ponerlo a funcionar necesita una modernización de 400 millones de euros, cuando costó 350 millones. A esto hay que sumar los 30 millones anuales para su mantenimiento.

El resto del material de los Programas Especiales de Armamento corresponde a submarinos y buques que sirven para defender los intereses de armadores españoles que faenan en el Océano Índico, cerca de las costas somalíes. El gobierno ha pagado 750 millones de euros a Airbus Military en concepto de “ayudas” por el buque Juan Carlos I, aún en fase de diseño. Este mamotreto sólo sirve para desplazar armas y hombres a lugares lejanos, algo poco probable tras el repliegue de las tropas españolas de Afganistán y la ausencia de amenazas militares contra España, miembro de la OTAN y de la Unión Europea.

En 2014, se redujo en 18 millones de euros el Programa de Becas Erasmus y Séneca respecto al año anterior. Esta cantidad equivale a la compra de cuatro de los 16 helicópteros de transporte militar que ha comprado el gobierno. La experiencia Erasmus permite a los estudiantes cursar estudios en otras universidades europeas para reforzar sus idiomas y sus conocimientos. Por otro lado, el gobierno ha encarecido las matrículas universitarias con el argumento de que la universidad pública era insostenible sin esta subida que puede dejar fuera a familias con pocos recursos y perspectivas académicas similares a quienes sí los tienen.

Se ha recortado en la lucha contra la violencia machista, en apoyo a una cultura cada vez menos accesible por la subida de impuestos, en investigación médica y sanitaria, en cooperación internacional y en otras partidas que conformaban un sistema más coherente de promoción y respeto de derechos fundamentales. Ante semejante incapacidad de un gobierno de establecer prioridades acorde con los derechos de todos, aumentarán las reivindicaciones a favor de la cancelación de compras militares y de renegociaciones oportunas.

Esta falta de coherencia reforzará cierta creciente desconfianza ante el surgimiento de nuevas “amenazas militares”. La OTAN sólo tenía sentido en un contexto de Guerra Fría. Pero los atentados del 11-S le dieron a ese enfermo terminal una vida que no tenía con el planteamiento militar ante la lucha contra el terrorismo que, como se ha demostrado, no se soluciona con tanques.

Esa amenaza tiene más una solución policial y, sobre todo, menguará como respuesta a una paz que sólo puede ser fruto de un sistema internacional que promueva de forma más eficaz y respete los derechos humano.

Carlos Miguélez Monroy es periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias

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