Un gobierno de transición para el cambio político

Por Rafael Jiménez

Los resultados electorales del 20 de diciembre de 2015 en España ponen de manifiesto una vez más que una mayoría social de izquierdas no ha sabido ponerse de acuerdo para que el Congreso de los Diputados refleje esa realidad política, que tiene suficientes objetivos comunes como para formar un gobierno de gestión que en un plazo determinado, pueden ser 24 meses, cambie las reglas del juego para hacer valer la voluntad popular.

Según el escrutinio final del 20D, los partidos de izquierda en España PSOE, PODEMOS e IU han sumado 11.643.131 votos y 161 diputados, los partidos de derecha PP y CIUDADANOS 10.715.976 votos y 163 diputados, y los partidos nacionalistas de izquierda y derecha EH, DL BILDU Y CC 1.766.592 votos y 26 diputados.

Salvo que las presiones internacionales sobre PP y PSOE les fuercen a una coalición a la alemana, España parece abocada a unas nuevas elecciones legislativas en pocos meses, que de celebrarse con las mismas reglas que en la actualidad, no permiten aventurar un resultado muy diferente en términos ideológicos, aunque sí en un corrimiento del voto útil de derechas en favor del PP, que dejaría el país en manos de la derecha liberal y de unos gestores contaminados gravemente por la corrupción y las tramas empresariales que han facilitado la pobreza laboral y el enriquecimiento ilícito.

Así que teniendo en cuenta la confluencia que también se produce entre la izquierda española, la izquierda nacionalista, y en menor grado con la derecha nacionalista, existe la posibilidad de establecer un programa para el cambio político que podría incluir todas aquellas medidas que ya han comprometido previamente las fuerzas políticas, entre ellas:

–Nueva ley electoral que avance en la proporcionalidad.

–Derogar las leyes aprobadas solamente con el rodillo parlamentario del PP en la pasada legislatura, como la Reforma laboral, la Reforma educativa (LOMCE), la de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”, la Reforma de las pensiones, la Reforma del sistema eléctrico que penaliza las energías alternativas y permite la prórroga de las centrales nucleares como Garoña; así como la Reforma Local.

–Derogar las normas que dificultan una aplicación real de las ayudas a la dependencia, la protección de la mujer, el derecho a la salud.

–Restablecer la normativa que garantice la pluralidad en los medios públicos de comunicación.

–Establecer los nuevos contenidos que debería tener la Constitución Española, especialmente en cuanto a blindar derechos fundamentales y establecer un Estado federal.

–Mantener una nueva representación política ante la Unión Europea, apuntalando un eje de países del Sur que puedan enfrentarse con más eficacia a las imposiciones de Alemania y países nórdicos en materia fiscal.

Si se estima que el plazo para conseguir estos objetivos es de 24 meses –si puede hacerse en menos tiempo, mejor–, el acuerdo debería incluir también las medidas necesarias para incrementar los ingresos fiscales para evitar los nuevos recortes en servicios sociales a los que abocan en 2016 y 2017 los presupuestos que dejó aprobados el PP, y evitar así la injerencia de la Troika en el proceso.

Concluido el plazo acordado, se convocarían nuevas elecciones, para que los españoles puedan elegir un Parlamento acorde con el nuevo escenario social y político.

Una opción alternativa pero con menos garantías de alcanzar estos objetivos sería dejar gobernar en minoría al PP y llevar a cabo los cambios legislativos desde el Congreso, pero sería un proceso llenos de incertidumbres, con más daño para los segmentos de la población que han resultado más afectados por las políticas implementadas en la pasada legislatura, y que el propio PP podría abortar en cualquier momento anticipando las elecciones antes de haber aprobado una nueva ley electoral.

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