Armas cortas matan a miles de estadounidenses

Por José Carlos García Fajardo

La mayor parte de los treinta mil norteamericanos muertos por herida de bala son jóvenes menores de diecinueve años. En esta cifra no figuran los muertos por herida de bala disparada por policías o por agentes del servicio de fronteras entre Estados Unidos y México y otro tipo de muertes violentas. Es como si muriesen acribillados todos los participantes en la maratón de Nueva York, o los ocupantes de cien aviones jumbos, o la población de una pequeña ciudad, o los asistentes a un partido de fútbol en el estadio de un gran equipo.

Los asesinatos de niños en los colegios, cometidos por menores con acceso a los arsenales de sus padres, preocupan a muchos ciudadanos en un país donde la Asociación Nacional del Rifle (NRA) ejerce de lobby en el Congreso. Contribuye con unos diez millones de dólares para que ningún reglamento controle el uso de las armas de fuego.

La NRA tiene más de 3.600.000 socios que pagan y saben que cuatro quintas partes de sus fondos fueron al Partido Republicano para que, en nombre de la Segunda Enmienda de la Constitución, se opongan a las propuestas de exigir licencia con foto para los poseedores de armas, controlar la venta de armas cortas así como elevar la edad de 18 a 21 años para sus poseedores.

Bush se escudó en el contenido de esa Enmienda: “Para mantener la seguridad de un Estado libre, una Milicia bien organizada debe garantizar el derecho de los ciudadanos a poseer y a portar armas”. Se opuso a cualquier control pues “son necesarias para que el ciudadano pueda proteger a su familia y a su hogar”. En un país con la obsesión por las reglamentaciones de juguetes, pijamas, tostadoras de pan, secadores o el contenido de sodio o de potasio en cualquier bebida, no se permite controlar la posesión de armas por los civiles. Su número sobrepasa el centenar de millones.

En esta línea se mueve el candidato Donald Trump
Con los 40 millones de personas que no tienen asistencia sanitaria, los 30 millones de analfabetos y los 35 millones que se pueden considerar pobres con arreglo a los baremos establecidos, es lícito preguntarse si, junto al dolor por las víctimas de las Torres Gemelas y los de otras monstruosidades terroristas, no habría que cuestionar las actividades de oligopolios financieros en la explotación de hidrocarburos y otras materias primas, por la indiscriminada venta de armas y la corrupción de muchos gobiernos como Arabia saudita, Emiratos del Golfo, y otros países que alimentan  ataques terroristas, fuerzan a millones de seres a buscar refugio en nuestros países con riesgo de su vida y muestran la fragilidad social de la Unión Europea.

También hay que preguntarse por la destrucción del medio ambiente y la suicida ceguera ante la más letal de las armas de destrucción masiva: la explosión demográfica. Apoyados en la fuerza, en la codicia y en la pretensión de superioridad, mantienen una presencia militar en 140 países del mundo, la mayor desde la II Guerra Mundial.

Ningún acto terrorista puede ser justificado, porque padecen inocentes. Pero la razón obliga a preguntarnos por las causas de este odio generado en tantos lugares del mundo. Pasada la emoción visceral que siguió al 11 de septiembre es hora de que la reflexión académica alerte a la opinión pública mundial de que es inmoral e ilícito buscar culpables a los que bombardear salvajemente. Lo más prudente sería analizar el estado de cosas en el interior del mismo país que se considera con licencia para agredir, matar y golpear con la prepotencia propia del final de los imperios.

¿Será que como “la noche comienza al mediodía” no son capaces, dentro de su increíble poder económico, de descifrar los signos de los tiempos? Basta ya de plantear como objetivo prioritario la lucha contra el terrorismo en una paranoia que pretende que secunde Unión Europea y OTAN. Las prioridades residen en la defensa de los derechos fundamentales, justicia social, protección del medio ambiente, educación, salud y en los inmutables derechos que figuran en el frontispicio de la Constitución de Estados Unidos: “derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Para todos.

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