LECTURAS DE FINDE / Democratizar RTVE

La diputada Noelia Vera y el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, han presentado en el Congreso delos Diputados una Proposición no de Ley para reformar el modelo actual de la Corporación Radio Televisión Española y garantizar la independencia de sus sociedades, la transparencia y la participación.

En la exposición de motivos de la Proposición se señala que el derecho a recibir información veraz y el derecho a acceder y hacer uso de medios de comunicación están protegidos por el artículo 20 de la Constitución Española como derechos fundamentales, y que el artículo 20.3 establece concretamente que la ley regulará la organización de los medios de comunicación social dependientes del Estado y la participación de la sociedad en su actividad, respetando el pluralismo social, político, cultural y lingüístico de España.

Pero en la práctica, sostiene la diputada Noelia Vera, estos derechos están escasamente desarrollados y las denuncias de incumplimiento se multiplican: “El modelo organizativo de RTVE no ha sido actualizado en las últimas décadas, prolongándose un modelo obsoleto que no está a la altura de los estándares europeos y no responde a los retos actuales, como la creciente demanda social de transparencia y participación ciudadana o la garantía de pervivencia del servicio público en la era de la comunicación digital multiplataforma y el consumo no lineal”.

Se añade que la ausencia de un sistema de equilibrios y contrapesos en el organigrama de la corporación que garantice la independencia del ente y la prevalencia del criterio profesional con un modelo basado en la transparencia y en la participación del personal, personas usuarias y sociedad civil ha permitido que las injerencias políticas y la opacidad en el gasto se conviertan en práctica habitual, poniendo en riesgo la propia sostenibilidad del servicio público como vienen denunciando diversas instituciones y los propios trabajadores y trabajadoras del ente desde hace muchos años.

En apoyo de esta Proposición se cita que instituciones internacionales, tanto de carácter patronal como el International Press Institute (IPI) como de carácter profesional Europea de Periodistas (EJF), Federación Internacional de Periodistas (IFJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Access Info Europe o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ International) han denunciado reiteradamente junto a los propios Consejos de Informativos de RTVE la estrategia de control político de la redacción que desnaturaliza el servicio público y el derecho a la información, imposibilita la independencia profesional del ente y lo aleja de los principios de objetividad, veracidad, pluralismo y rigor deontológico.
Estas denuncias y estrategias han tenido eco en repetidas ocasiones en prensa internacional, afectando gravemente a la imagen de España y de su sistema democrático en la comunidad internacional, hasta el punto en que instituciones europeas como la OSCE o el propio Consejo de Europa han denunciado en varias ocasiones la falta de pluralismo y presiones gubernamentales en RTVE.

Se agrega que, más allá del control político, los sindicatos vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones desfavorables, ausencia de concursos públicos o subastas, externalización a terceros implicados en tramas de corrupción, desproporción en el número y remuneración de directivos internos y externos o contratación sesgada de redacciones paralelas, entre otras cuestiones.

A día de hoy, se explicita en la Proposición, gran parte de los recursos abiertos contra el Consejo de Transparencia los hace RTVE para negarse a dar cuentas de su contabilidad a los contribuyentes que lo demandan. De prolongarse esta situación, podría llegar a ponerse en riesgo la propia sostenibilidad del ente, por lo que urge atajar estos problemas.

Para Podemos, la solución a estos problemas requiere ir más allá de la renovación del Consejo de Administración del ente, y exige una reforma estructural del modelo para adecuarlo a los estándares europeos de transparencia y participación social, respondiendo a los retos inmediatos para garantizar la viabilidad y prestigio del servicio público de radiotelevisión.

Lo importante, señalan, es que “su estructura proteja la toma de decisiones ante presiones externas y garantice una gestión democrática, eficiente y transparente a través de la participación, apertura y permanente rendición de cuentas, precisamente para que el buen funcionamiento y criterio editorial de la corporación sean independientes del equipo encargado del gobierno”.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha de manera urgente un debate relativo a la reforma del actual modelo de la corporación RTVE y de sus sociedades para garantizar su independencia, la transparencia y la participación.

2. Alcanzar acuerdo para la reestructuración de RTVE y en concreto a, modificar la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y derogar el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del Régimen de Administración de la Corporación RTVE, estableciendo al menos los siguientes mecanismos para la administraciónn democrática y plural del ente:

Los consejeros accederán al Consejo de Administración por concurso público en base a méritos y a su trayectoria profesional. Evaluación de cada candidatura individual por un tribunal ad-hoc formado por profesionales independientes de acreditada trayectoria, elegidos por sorteo para cada ocasión de entre los propuestos proporcionalmente por cada grupo parlamentario. Los informes de evaluación serán públicos, así como las sesiones de audiencia ante la correspondiente comisión parlamentaria, donde se aprobarán las candidaturas por mayoría simple.

En el caso de candidaturas a presidir la corporación, la evaluación se realizará además en base a un proyecto de futuro para RTVE que deberán presentar y defender públicamente. Para su nombramiento necesitarán un apoyo de 2/3 en el Pleno. Para evitar reproducir situaciones de bloqueo como las ocurridas en el pasado, si en un plazo de cinco meses el parlamento no hubiera alcanzado acuerdo, la elección entre los candidatos que superen la fase de concurso se realizará mediante votación directa de la ciudadanía a través de voto electrónico seguro. Además, el presidente podrá ser destituido por mayoría simple en el pleno, para evitar situaciones de secuestro como la actual.

Los dos consejeros que representan a los trabajadores de la corporación en el Consejo de Administración serán elegidos en votación directa específica coincidiendo con la votación del Consejo de Informativos, la Mesa de Producción, o el referéndum sobre el Jefe de Informativos, que pasará a tener carácter vinculante.

Cada grupo parlamentario podrá designar un solo representante en el Consejo de Administración. Esta representación directa de los grupos políticos no superará nunca el 49 % de la totalidad del Consejo, asegurando así una mayoría de Consejeros independientes y representantes de la sociedad civil, audiencia y trabajadores del ente, para fomentar la participación, pluralismo, independencia y transparencia.

El Defensor de la Audiencia, elegido por la ciudadanía en votación directa a través de voto electrónico y seguro, formará parte directamente del Consejo de Administración. Su misión será fomentar y coordinar la participación directa de la audiencia en la gestión del ente a través de las tecnologías interactivas multiplataforma, y garantizar la disponibilidad de toda la información relacionada con el mismo. Así, fomentará la implicación con el servicio público y la relevancia del mismo en el nuevo escenario digital y de consumo no lineal.

El compromiso de administración de RTVE supone un contrato con la ciudadanía y las instituciones públicas, de lo que se deriva que su incumplimiento debe ser penalizado jurídicamente según el grado y naturaleza de la falta.

Entre las competencias del Consejo de Administración, estará la aprobación de los nombramientos de todos los directivos de la corporación, el visto bueno al mandato marco y al contrato programa y aprobar los informes trimestrales del servicio público y los resultados de las auditorías, así como vigilar el cumplimiento de los mecanismos de participación social y transparencia.

Se creará un Consejo Social amplio para sustituir al actual Consejo Asesor, dotado de mayores competencias, a través del cual la sociedad civil podrá participar en la fijación de los principios generales de gestión de la radiotelevisión pública y vigilar su cumplimiento. Sus miembros serán propuestos y votados por asociaciones sin ánimo de lucro representativas de sectores significativos de la sociedad española. Dos de sus miembros serán elegidos en votación directa por la ciudadanía a través de voto electrónico seguro. Entre las competencias del Consejo Social estará la supervisión del Derecho de Acceso general y específico, la garantía del correcto cumplimiento de los derechos humanos y sociales recogidos en la Constitución Española y la aprobación de los informes sobre el cumplimiento del servicio público en función de los compromisos fijados por contrato-programa. Estará representado en el Consejo de Administración a través de dos portavoces que se rotarán anualmente.

Las actas del Consejo Social y el Consejo de Administración serán públicas, y sus respectivos presidentes rendirán cuentas públicamente al menos una vez por trimestre a través de informes accesibles a todos los contribuyentes. El Consejo Social podrá cesar miembros de cualquiera de los dos consejos si detecta conflictos de intereses o incumplimiento de funciones y compromisos. La ciudadanía podrá valorar y proponer actuaciones en ambos consejos a través de plataformas digitales interactivas coordinadas por el Defensor del Usuario.

Se programarán espacios sistemáticos específicos en horario relevante para hacer realidad el Derecho de Acceso a medios de los grupos políticos y sociales significativos como exige la Constitución Española, en la programación general y en los servicios interactivos, tanto a nivel estatal como en las desconexiones territoriales.

Elaboración de un Estatuto de la Carrera Profesional del servicio público por el Consejo de Administración en colaboración con todas las representaciones legítimas de los diversos cuerpos laborales y profesionales, basado en criterios exclusivos de mérito y capacidad para la promoción objetivable por concurso abierto y baremo público para todos los puestos.

Reforzamiento de la participación de los trabajadores, con poderes reales de control interno. Los Consejos de Informativos, los Consejos de Programación y la Comisión Mixta de Producción Interna informarán al Consejo Social sobre la adecuación de los contenidos a la misión de servicio público.

3. Promover la modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, para establecer:

Un estricto reglamento de incompatibilidades y transparencia que ayude a prevenir todo conflicto de intereses. Todo gasto contable deberá figurar en un portal web de transparencia permanentemente accesible y actualizado cada tres meses, incluyendo todos los salarios, el coste detallado y completo de toda la programación y todos los contratos de externalización. Todos los Consejeros y Directivos publicarán periódicamente sus bienes y actividades hasta un año después de abandonar la corporación.

Un sistema de auditoría semestral con participación rotativa de los propios profesionales de la corporación y la sociedad civil, así como mecanismos que garanticen el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013, de Transparencia, acceso a la información política y buen gobierno.

La reducción del organigrama a un máximo de 35 direcciones y subdirecciones, limitando a un 30 % del total el número de cargos directivos externos.
Cantidades mínimas garantizadas para la financiación provenientes de los Presupuestos Generales del Estado a través de Contratos-Programa plurianuales evaluados por el Consejo Social, y eliminar el límite máximo en la aportación proveniente de la tasa sobre la reserva de dominio público radioeléctrico. La tasa referente a operadores de telecomunicaciones se aplicará sobre los ingresos brutos de explotación de todos ellos.

El cumplimiento de la producción propia encomendada en la ley actual, además de un plan de inversión en producción propia para el ámbito digital. Asunción directa de los programas esenciales del servicio público, impidiendo la externalización de servicios informativos. El Consejo Social supervisará el equilibrio entre estos niveles de producción propia y el papel dinamizador en los sectores productivos audiovisuales independientes en España para fomentar la creación de empleo de calidad.

El desarrollo de nuevos formatos pensados para el consumo no lineal, móvil, e interactivo a través de nuevas plataformas, en sinergia con la programación lineal, maximizando la participación del público con influencia real y directa en la orientación de los servicios. Se aprovechará la interactividad para testar su valor añadido, para proveer un servicio público multimedia y multiplataforma y evitar la marginación del servicio público en los nuevos entornos de consumo, como dispositivos móviles, plataformas de pago, etc. Trasponer al mundo on-line las funciones clásicas del servicio público y facilitar el acceso universal a contenidos digitales, a través de un Plan Estratégico para la Era Digital, concretado en los mandatos-marco y los contratos programa.

La promoción y puesta en valor del archivo histórico de RTVE, facilitando a toda la ciudadanía el acceso permanente on-line para fines no comerciales.

La promoción de RTVE como herramienta capital en la cooperación cultural exterior de España y una plataforma esencial en la proyección de las culturas españolas hacia el mundo entero, con atención a la máxima calidad de su oferta, especialmente en la relación con la Unión Europea y el mundo hispanohablante.

La habilitación de criterios de desgubernamentalización similares a estos en la agencia pública de noticias EFE, que garanticen independencia, participación y transparencia en la gestión.

La habilitación protocolos de cooperación y fomento desde el sector público a los medios del tercer sector de la comunicación (sin ánimo de lucro), lo que inexorablemente exige el cumplimiento de la actual LGCA en lo relativo al reconocimiento de los mismos siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países europeos y las recomendaciones marcadas por UNESCO.

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