El suegro y la lavadora
Por Ernesto Ekáizer
Mario Conde y su hija se han acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil en Tres Cantos. Pero el abogado de los negocios de la familia, Javier de la Vega, ha sido el encargado de ofrecer la coartada: el dinero que enviaban las sociedades pantalla del exterior a las empresas del entramado montado en España procede de la fortuna que el fallecido constructor Alejandro Arroyo, padre de Lourdes Arroyo, ocultó en el exterior.
Aunque los informes de la Guardia Civil señalan que Mario Conde (la imagen le muestra en la finca La Salceda, Toledo) comenzó a "repatriar" parte de los fondos ocultos que mantenía en Suiza desde 1999, la realidad es distinta. Ya en 1998, la juez Teresa Palacios, a cargo de la pieza de responsabilidad civil de los acusados del caso Banesto, investigó el trasiego de dinero que orquestaba el exbanquero desde el exterior, a raíz de cuatro transferencias de divisas realizadas a favor de Alejandra Conde, entonces menor de edad, realizadas en 1993.
Tres fueron registradas como préstamos concedidos por no residentes a residentes, depósitos constituidos por no residentes con plazo de amortización de un año o inferior y participaciones de residentes en la propiedad de empresas distintas de las materializadas en acciones.
Atención: una de estas operaciones, el ingreso de 125 millones de pesetas (unos 780.000 euros), del 9 de julio de 1993, a través del Banco Urquijo, era una transferencia desde Suiza.
Alejandra Conde cobraba por tres conceptos "asesoría y representación jurídica, redacción y certificación de documentos o instrumentos legales, servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y declaración de impuestos, y asesoría administrativa relacionada con la planificación y la organización, mejoras y controles de costes, eficiencia y otros, así como la administración de recursos humanos, relaciones con los empleados y otros".
El fiscal Luis López Sanz, entonces teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que Conde había incluido en su declaración de la renta de 1993 a su hija Alejandra. "Sin embargo", matizaba, "en la base imponible de su declaración ese ingreso de 125 millones de pesetas no aparece incluido".
En un artículo publicado el mismo día en el que se hacía referencia a estas transferencias, el 9 de febrero de 1998, comenté un informe de la Agencia Tributaria solicitado por el juez instructor del caso Banesto, Manuel García-Castellón, en 1995. He aquí los detalles del análisis, titulado La lavadora:
En el informe patrimonial sobre Conde, elaborado por la Agencia Tributaria en 1995 a petición del juez Manuel García-Castellón, se mencionaba a varias sociedades extranjeras relacionadas con sociedades del ex banquero. Una de ellas es la suiza Kaneko Holding, que fue utilizada por Conde para ingresar en 1991, desde Suiza, 2.595 millones de pesetas que mantenía aparcados en el exterior. Dichos fondos, pues, fueron ocultados a la Hacienda española tras la pantalla de Kaneko, que adquirió un 19% de Asebur Inversiones, la sociedad de Conde. Más tarde, en 1994, [mientras se sustanciaba el procedimiento judicial] las instrumentales holandesas Ge.So.Co. (Geophysics Ultrasonic Co.) y Asuma entraron en el capital de las sociedades patrimoniales de Lassalcedas y Los Carrizos, de la familia Conde.
La investigación de la llamada trama suiza confirmó que Conde era el propietario de Kaneko Holding, cosa que, según se ha apuntado, la Agencia Tributarla había anticipado. En su informe de 1995 subrayaba las vinculaciones del ex banquero con Kaneko, Ge.So.Co. y Asuma.
Sin embargo, los datos referidos a Kaneko Holding no pueden ser utilizados para perseguir a Conde por delito fiscal. "La utilización de estos datos para fines directos o indirectos está excluida en un procedimiento de naturaleza fiscal de caracter penal o administrativo", dice la reserva de especialidad bajo la cual han sido transmitidas las comisiones progatorias realizadas en Suiza.
Por tanto, la información sólo puede ser aprovechada contra el ex banquero por operaciones de estafa, apropiación indebida y otras.
La reserva añade, empero, que dicha limitación para los delitos fiscales, no afecta "a las que pueden ser consideradas como estafas en materia fiscal".
La actividad de Conde con Kaneko, según expertos suizos, puede ser encuadrada dentro del lavado de dinero, castigado en Suiza a través del Codigo Penal.
Por tanto, la lavadora de Mario Conde estaba funcionando desde mucho antes de 1999.
Si los hechos confirman la existencia de esta conducta a primeros de los años noventa, los avatares de Conde y su suegro –l hombre que, según la versión que se atribuye al abogado De la Vega, amasó la fortuna que el exbanquero ha ingresado estos años en España– tampoco es una novedad en la vida de Mario Conde.
En 1984, Mario Conde participó en la operación de alzamiento de bienes de la finca Can Poletá, Puerto Pollensa, Mallorca, propiedad de su suegro, Alejandro Arroyo. El constructor había incurrido en impago de una letra de cambio por valor de 14.580.000 pesetas al Banco de Madrid. Arroyo había aportado como garantía la citada finca. El banco embargó la finca. Y al avanzar en el procedimiento descubrió que, tras el embargo, Arroyo había la había "vendido". Los nuevos propietarios eran Mario Conde y su esposa, Lourdes Arroyo. El banco, tras ganar el juicio ejecutivo, y ante la negativa de Arroyo a pagar, presentó una querella criminal contra los nuevos propietarios:
"Se desprende de tales hechos con claridad meridiana que el señor Arroyo y su esposa, conocedores ambos de que dichas fincas habían sido objeto de embargo en el procedimiento instado por el Banco de Madrid y que se encontraba su tramitación y exhorto dirigido a [al pueblo] Inca para llevar a cabo la anotación registral de dicho embargo, se apresuran con evidente mala fe a formalizar escritura pública de compraventa, sin duda simulada a favor de su hija María Lourdes y de su esposo Mario Conde, señalando como precio de la operación la ridícula suma de 3.000.000 de pesetas cuando el valor estimado de ambas fincas no es inferior al de 40.000.000 de pesetas, habida cuenta de la extensión superficial de las mismas, la posibilidad de edificar en dichos terrenos y de que, según la descripción registra, dentro de sus límites figura una casa, un molino de aceite, arbolado, zonas de labrantía, que evidencian sin genero de dudas que su valor es superior a consignado en la supuesta compraventa".
El escrito remachaba: "Y no cabe alegar por parte de los compradores buena fe en la operación, porque dada la estrechísima vinculación familiar con los vendedores, más concretamente se trata de sus propios hijos, no se puede pensar seriamente que ignoraran la situación económica de su padre ni que dichas fincas se encontraban embargadas por el Banco de Madrid y todo ello viene a confirmar la sospechosísima y sorprendente celeridad demostrada demostrada por los compradores en presentar la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad de Inca, ya que habiendo sido otorgada el 4 de octubre en Madrid es precisamente al día siguiente y a las 10 horas, es decir, a la apertura de las oficinas de registro al público cuando presentan las escrituras del Registro de Inca. No cabe la menor duda de que tal celeridad estaba impulsada por el temor a que el exhorto para anotación registra del embargo causado, y que se encontraba pendiente de cumplimentación, fuera presentado ante el Registro de Inca antes que la supuesta escritura de compraventa".
Mario Conde acudió a su amigo y jefe Juan Abelló, amigo de Pablo Garnica Gutiérrez, Pablito, en el Banco de Madrid. El hijo de Pablo Garnica Mansi, presidente de Banesto desde 1983, buscó una solución. La deuda fue pagada y la querella retirada. En el acta de la comisión ejecutiva del Banco Madrid, a finales de octubre de 1984, se señala:
"En vista de las singulares circunstancias se aceptan las alegaciones del mencionado señor Conde y no se insiste en la acusación contra los compradores de la finca, sin perjuicio de mantener la exigencia de responsabilidades contra Alejandro Arroyo y su esposa".
Pero, cosas de la justicia, el juez Barreiro, a cargo de la causa, siguió de oficio la instrucción y ordenó, el 2 de julio de 1985, el procesamiento de Conde y de su esposa.
Finalmente, Banco de Madrid desistió también de su acusación contra Alejando Arroyo. El caso fue archivado como resultado de un recurso de apelación a la Audiencia de Madrid.
Solamente por este hecho acaecido en el Banco Madrid, Mario Conde difícilmente hubiera llegado a ser presidente de Banesto dos años después, en diciembre de 1987 en cualquier país de nuestro entorno. Banesto era la entidad matriz del Banco de Madrid.
Pero, dejando este pequeño detalle al margen, lo cierto es que aquella temprana experiencia de alzamiento de bienes y el trato con los registradores de la propiedad aportó una experiencia a Conde. Después de su doble condena en los casos de Argentia Trust y Banesto, ha toreado con ayuda de registradores los embargos de sus fincas y a través de sociedades en Suiza (Kaneko), Holanda (Ge.So.Co. y Asuma B.V) y Luxemburgo (G.I Beteiligung), las tres –Los carrizos, La Salceda y Can Poletá) siguen bajo su control.
Por tanto, Alejandro Arroyo ha vuelto, siempre según la versión que se atribuye al abogado Javier de a Vega, al primer plano.
Mario Conde y su hija se han acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil en Tres Cantos. Pero el abogado de los negocios de la familia, Javier de la Vega, ha sido el encargado de ofrecer la coartada: el dinero que enviaban las sociedades pantalla del exterior a las empresas del entramado montado en España procede de la fortuna que el fallecido constructor Alejandro Arroyo, padre de Lourdes Arroyo, ocultó en el exterior.
Aunque los informes de la Guardia Civil señalan que Mario Conde (la imagen le muestra en la finca La Salceda, Toledo) comenzó a "repatriar" parte de los fondos ocultos que mantenía en Suiza desde 1999, la realidad es distinta. Ya en 1998, la juez Teresa Palacios, a cargo de la pieza de responsabilidad civil de los acusados del caso Banesto, investigó el trasiego de dinero que orquestaba el exbanquero desde el exterior, a raíz de cuatro transferencias de divisas realizadas a favor de Alejandra Conde, entonces menor de edad, realizadas en 1993.
Tres fueron registradas como préstamos concedidos por no residentes a residentes, depósitos constituidos por no residentes con plazo de amortización de un año o inferior y participaciones de residentes en la propiedad de empresas distintas de las materializadas en acciones.
Atención: una de estas operaciones, el ingreso de 125 millones de pesetas (unos 780.000 euros), del 9 de julio de 1993, a través del Banco Urquijo, era una transferencia desde Suiza.
Alejandra Conde cobraba por tres conceptos "asesoría y representación jurídica, redacción y certificación de documentos o instrumentos legales, servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y declaración de impuestos, y asesoría administrativa relacionada con la planificación y la organización, mejoras y controles de costes, eficiencia y otros, así como la administración de recursos humanos, relaciones con los empleados y otros".
El fiscal Luis López Sanz, entonces teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, señalaba que Conde había incluido en su declaración de la renta de 1993 a su hija Alejandra. "Sin embargo", matizaba, "en la base imponible de su declaración ese ingreso de 125 millones de pesetas no aparece incluido".
En un artículo publicado el mismo día en el que se hacía referencia a estas transferencias, el 9 de febrero de 1998, comenté un informe de la Agencia Tributaria solicitado por el juez instructor del caso Banesto, Manuel García-Castellón, en 1995. He aquí los detalles del análisis, titulado La lavadora:
En el informe patrimonial sobre Conde, elaborado por la Agencia Tributaria en 1995 a petición del juez Manuel García-Castellón, se mencionaba a varias sociedades extranjeras relacionadas con sociedades del ex banquero. Una de ellas es la suiza Kaneko Holding, que fue utilizada por Conde para ingresar en 1991, desde Suiza, 2.595 millones de pesetas que mantenía aparcados en el exterior. Dichos fondos, pues, fueron ocultados a la Hacienda española tras la pantalla de Kaneko, que adquirió un 19% de Asebur Inversiones, la sociedad de Conde. Más tarde, en 1994, [mientras se sustanciaba el procedimiento judicial] las instrumentales holandesas Ge.So.Co. (Geophysics Ultrasonic Co.) y Asuma entraron en el capital de las sociedades patrimoniales de Lassalcedas y Los Carrizos, de la familia Conde.
La investigación de la llamada trama suiza confirmó que Conde era el propietario de Kaneko Holding, cosa que, según se ha apuntado, la Agencia Tributarla había anticipado. En su informe de 1995 subrayaba las vinculaciones del ex banquero con Kaneko, Ge.So.Co. y Asuma.
Sin embargo, los datos referidos a Kaneko Holding no pueden ser utilizados para perseguir a Conde por delito fiscal. "La utilización de estos datos para fines directos o indirectos está excluida en un procedimiento de naturaleza fiscal de caracter penal o administrativo", dice la reserva de especialidad bajo la cual han sido transmitidas las comisiones progatorias realizadas en Suiza.
Por tanto, la información sólo puede ser aprovechada contra el ex banquero por operaciones de estafa, apropiación indebida y otras.
La reserva añade, empero, que dicha limitación para los delitos fiscales, no afecta "a las que pueden ser consideradas como estafas en materia fiscal".
La actividad de Conde con Kaneko, según expertos suizos, puede ser encuadrada dentro del lavado de dinero, castigado en Suiza a través del Codigo Penal.
Por tanto, la lavadora de Mario Conde estaba funcionando desde mucho antes de 1999.
Si los hechos confirman la existencia de esta conducta a primeros de los años noventa, los avatares de Conde y su suegro –l hombre que, según la versión que se atribuye al abogado De la Vega, amasó la fortuna que el exbanquero ha ingresado estos años en España– tampoco es una novedad en la vida de Mario Conde.
En 1984, Mario Conde participó en la operación de alzamiento de bienes de la finca Can Poletá, Puerto Pollensa, Mallorca, propiedad de su suegro, Alejandro Arroyo. El constructor había incurrido en impago de una letra de cambio por valor de 14.580.000 pesetas al Banco de Madrid. Arroyo había aportado como garantía la citada finca. El banco embargó la finca. Y al avanzar en el procedimiento descubrió que, tras el embargo, Arroyo había la había "vendido". Los nuevos propietarios eran Mario Conde y su esposa, Lourdes Arroyo. El banco, tras ganar el juicio ejecutivo, y ante la negativa de Arroyo a pagar, presentó una querella criminal contra los nuevos propietarios:
"Se desprende de tales hechos con claridad meridiana que el señor Arroyo y su esposa, conocedores ambos de que dichas fincas habían sido objeto de embargo en el procedimiento instado por el Banco de Madrid y que se encontraba su tramitación y exhorto dirigido a [al pueblo] Inca para llevar a cabo la anotación registral de dicho embargo, se apresuran con evidente mala fe a formalizar escritura pública de compraventa, sin duda simulada a favor de su hija María Lourdes y de su esposo Mario Conde, señalando como precio de la operación la ridícula suma de 3.000.000 de pesetas cuando el valor estimado de ambas fincas no es inferior al de 40.000.000 de pesetas, habida cuenta de la extensión superficial de las mismas, la posibilidad de edificar en dichos terrenos y de que, según la descripción registra, dentro de sus límites figura una casa, un molino de aceite, arbolado, zonas de labrantía, que evidencian sin genero de dudas que su valor es superior a consignado en la supuesta compraventa".
El escrito remachaba: "Y no cabe alegar por parte de los compradores buena fe en la operación, porque dada la estrechísima vinculación familiar con los vendedores, más concretamente se trata de sus propios hijos, no se puede pensar seriamente que ignoraran la situación económica de su padre ni que dichas fincas se encontraban embargadas por el Banco de Madrid y todo ello viene a confirmar la sospechosísima y sorprendente celeridad demostrada demostrada por los compradores en presentar la escritura de compraventa en el Registro de la Propiedad de Inca, ya que habiendo sido otorgada el 4 de octubre en Madrid es precisamente al día siguiente y a las 10 horas, es decir, a la apertura de las oficinas de registro al público cuando presentan las escrituras del Registro de Inca. No cabe la menor duda de que tal celeridad estaba impulsada por el temor a que el exhorto para anotación registra del embargo causado, y que se encontraba pendiente de cumplimentación, fuera presentado ante el Registro de Inca antes que la supuesta escritura de compraventa".
Mario Conde acudió a su amigo y jefe Juan Abelló, amigo de Pablo Garnica Gutiérrez, Pablito, en el Banco de Madrid. El hijo de Pablo Garnica Mansi, presidente de Banesto desde 1983, buscó una solución. La deuda fue pagada y la querella retirada. En el acta de la comisión ejecutiva del Banco Madrid, a finales de octubre de 1984, se señala:
"En vista de las singulares circunstancias se aceptan las alegaciones del mencionado señor Conde y no se insiste en la acusación contra los compradores de la finca, sin perjuicio de mantener la exigencia de responsabilidades contra Alejandro Arroyo y su esposa".
Pero, cosas de la justicia, el juez Barreiro, a cargo de la causa, siguió de oficio la instrucción y ordenó, el 2 de julio de 1985, el procesamiento de Conde y de su esposa.
Finalmente, Banco de Madrid desistió también de su acusación contra Alejando Arroyo. El caso fue archivado como resultado de un recurso de apelación a la Audiencia de Madrid.
Solamente por este hecho acaecido en el Banco Madrid, Mario Conde difícilmente hubiera llegado a ser presidente de Banesto dos años después, en diciembre de 1987 en cualquier país de nuestro entorno. Banesto era la entidad matriz del Banco de Madrid.
Pero, dejando este pequeño detalle al margen, lo cierto es que aquella temprana experiencia de alzamiento de bienes y el trato con los registradores de la propiedad aportó una experiencia a Conde. Después de su doble condena en los casos de Argentia Trust y Banesto, ha toreado con ayuda de registradores los embargos de sus fincas y a través de sociedades en Suiza (Kaneko), Holanda (Ge.So.Co. y Asuma B.V) y Luxemburgo (G.I Beteiligung), las tres –Los carrizos, La Salceda y Can Poletá) siguen bajo su control.
Por tanto, Alejandro Arroyo ha vuelto, siempre según la versión que se atribuye al abogado Javier de a Vega, al primer plano.
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