Trump se cobra el botín en México

Por Pablo Gómez Álvarez


Si no quieres pagar ni vengas a Washington. En pocas palabras, fue lo que le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto, temprano, de mañana, el jueves 26 de enero de 2017, a través de un twitt, tras lo cual el presidente de México envió a la Casa Blanca un mensaje formal, anunciado en otro twitt, cancelando la entrevista que había sido fijada para el próximo 31 de enero. No es mentira que Trump sea un patán, además de otras muchas cosas.

Según Trump, a partir del inicio de las obras tendientes a completar el muro fronterizo sur de Estados Unidos, México se convierte en deudor de los gastos. Es decir, se trata de un empréstito forzado para cubrir el costo de la obra o del reclamo de una indemnización por algún daño o perjuicio. Aquí no hay ley alguna.

En su twitt, Trump escribió una primera frase en la que afirmaba que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60 000 millones de dólares, que el TLC ha sido unilateral desde el principio y habla de “empleos y compañías perdidas”. A partir de estas ideas añade que, si México no admite, sería mejor cancelar la reunión. Es, evidentemente, una respuesta al mensaje de Peña de la noche anterior, la cual había sido, a su vez, una respuesta a la firma de la orden ejecutiva de construir el muro.

Así, por vez primera, Trump se refiere a lo que eventualmente sería la base de la indemnización reclamada: el déficit estadunidense con México. El nuevo presidente podría estar pensando que los 15 000 millones requeridos para apuntalar y terminar de construir el muro ya existente, no son gran cosa comparados con el déficit comercial.

Trump sabe de sobra, sin embargo, que ese superávit comercial mexicano no es propiedad pública, y que gran parte se compone de las ganancias de compañías estadunidenses que aprovechan las ventajas competitivas de operar en México.

El vocero (portavoz) de la Casa Blanca ha dicho ya que el muro se pagará con un arancel del 20% sobre las importaciones procedentes de México. Eso sería mucho más dinero, en un solo año, que el costo del muro. Pero tampoco lo podría hacer legalmente Estados Unidos, pues ambos países, aun sin TLC, seguirían siendo miembros de la Organización Mundial de Comercio bajo la norma de que los aranceles son iguales para todos.

Sin embargo, por lo pronto, los líderes republicanos en el Congreso ya dijeron que aprobarán el gasto con base en la “Ley barda segura” de 2006, aún vigente, que fue aprobada por congresistas de ambos partidos, entre ellos Barak Obama y Hillary Clinton.

En las guerras, los estados vencedores solían fijar y cobrar gastos de guerra a los vencidos. Pero aquí no se ha producido conflicto armado alguno. Al respecto, podría recordarse que la línea fronteriza actual entre los dos países fue trazada por Estados Unidos después de una guerra de expansión territorial. Es decir, la border es suya en todos los sentidos. Es irónico exigirle ahora a México que pague el costo de la muralla de separación con el territorio que le fue expoliado.

El planteamiento de Trump es falso, porque el muro en sí mismo no afectaría al comercio entre los dos países. El muro es absolutamente independiente del déficit comercial estadunidense, tanto del actual como del que llegue a tener en el futuro. No obstante, si México fuera unilateralmente “expulsado” de la OMC por parte de Estados Unidos, y este país le impusiera la tarifa arancelaria del 20% ya anunciado por un tal Spicer en nombre de Trump, entonces no se resolvería ni lo del muro ni lo del TLC, sino que se iniciaría una subversión del comercio mundial, una guerra arancelaria que sería la más estúpida (por sus motivaciones, en este caso el muro) de cuantas ha conocido el capitalismo.

Tampoco serviría el muro para detener el tráfico de drogas hacia el norte, como ya se ha visto. Las armas procedentes del norte pasan por los puestos fronterizos, mientras que los terroristas procedentes del extranjero ingresan de cualquier manera.

Finalmente, Trump dice que el muro protegería a México de los emigrantes centroamericanos, pero esos no quieren venir, sino ir a Estados Unidos; es decir, según Trump, dejarían de llegar millones de personas procedentes de Centroamérica. Ya se sabe que la emigración de mexicanos sin visa ha ido en descenso y que el número de deportaciones ha ido en aumento: Obama deportó más de dos millones de mexicanos durante su mandato, y el año pasado fueron más de 200 000. Mas también se supo que los turistas mexicanos gastan en Estados Unidos 20 000 millones de dólares cada año, casi lo mismo que el monto de las remesas de trabajadores mexicanos.

El muro es una estupidez si se analiza desde el lado de lo que afirman sus autores, los de antes y los de ahora. Pero no lo es desde el ángulo de la xenofobia. En realidad, quieren convertir la línea divisoria en una muralla que señale con absoluta claridad que detrás de ella hay una autoridad que odia recibir a cierto tipo de personas. Los mexicanos y los centroamericanos están entre los más indeseables para gente como Trump, según hemos podido advertir. Esto no es nuevo pero no se había expresado tan claramente desde la Casa Blanca.

Así que el “derecho de cobro” es producto de la xenofobia, aunque se exprese ridículamente en un lenguaje comercial de parte de un comerciante que da órdenes ejecutivas. Con el cobro, se le dice a México: tú eres el culpable del repudiable asedio sobre mi frontera, por lo cual tú mismo pagarás el costo de la muralla.

Mas, Trump quiere hacer también unos muros internos: ha ordenado que la autoridad federal organice a los vecinos de ciertos barrios para denunciar a los indocumentados y poder arrestarlos en sus viviendas. Ha penalizado a las ciudades y pueblos “santuarios” cuyas autoridades no entregan a los indocumentados a la Migra, la cual será también fortalecida en la frontera y tendrá capacidad para albergar a muchos más que los 40 000 detenidos que ahora retiene simultáneamente en vía de deportación.

Mientras, estamos esperando que Mr. Trump firme otro papel para dar inicio al procedimiento de denuncia del “unilateral” (one-sided) TLC (NAFTA) que abarcaría seis meses de negociaciones, reales o supuestas, según el clausulado vigente.

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