Soluciones para el descrédito de las instituciones

Por Roberto Cataldi

Cuando era un joven estudiante, tiempos de contracultura que  denunciaban cierto estilo de vida, abusos e hipocresías, teníamos la idea de que todavía en algunas instituciones uno podía confiar. Entonces la escuela nos inculcaba de manera autoritaria los valores de la patria y la familia, con la religión pasaba otro tanto.

Está claro que no estábamos conformes con las discordancias entre el discurso y los hechos, así surgieron los movimientos juveniles que pretendieron dar vuelta el orden  de las cosas y que terminaron aplastados. Pero hoy la situación es diferente y resurgen fantasmas del pasado. Cuando iba al cine a ver películas inglesas, me impresionaba el juez vestido con toga y peluca,  que con voz estentórea pronunciaba: “¡The law is the law!”. En el cine de hollywood el delincuente siempre era descubierto. La moraleja: la justicia en todos los casos llega, a veces tarde. Nosotros creíamos en el triunfo de la verdad y el mundo confiaba en ser mejor. Pues bien, hoy todo eso es una ficción.

Un lector de periódicos se queja de que sigamos permitiendo que nos tomen el pelo, ya que los políticos imputados en actos de corrupción se escudan en la presunción de inocencia, denuncian ser perseguidos y continúan en sus cargos como si nada pasara, mientras tanto declaran una cruzada contra la corrupción. Almudena Grandes comenta la sustitución de un magistrado por otro favorable al funcionario acusado de corrupción, incluso el robo de la computadora donde estaba la información de la investigación, y añade que pedirle a los españoles que crean en la independencia e imparcialidad de la justicia es demasiado. Tiene razón, en la vida  hay cosas que no pueden pedirse.

Hace unos días se hallaron 74 cuerpos sin vida en una playa del Mediterráneo. Pertenecían a un contingente de 110 subsaharianos que cruzaban en una frágil embarcación a través de una ruta muy peligrosa del Mediterráneo, donde el año pasado murieron ahogados 4500 personas, pero como diría Stalin, sólo se trata de una estadística. Para estas personas que huyen los Derechos Humanos son flatus vocis.

En Rumania, el gobierno mediante un decreto de “urgencia” (no sólo en la Argentina existe esa manía), despenalizó ciertos delitos de corrupción, que incluso afectaban al líder del partido que en diciembre ganó las elecciones. Según el ministro de Justicia, el decreto despenalizaba delitos por abuso de poder y también de corrupción si el perjuicio era inferior a 44 000 euros (¿porqué esa cifra y no otra’?). Al conocerse la noticia, miles de personas indignadas salieron espontáneamente a las calles de Bucarest pidiendo la dimisión del gobierno a la vez que proferían gritos como “ladrones”.

Theresa May ha invitado a Donald Trump, aun en sus primeros 100 días de afiebrado y peligroso mandato, a que efectúe una visita de Estado al Reino Unido, probablemente motivada por la adhesión de éste al Brexit y su deseo de destruir la Unión Europea. La noticia no les cayó bien a muchos británicos, que rápidamente presentaron una petición de un millón ochocientas mil firmas para impedir que el heredero de tantos prohombres que habitaron la Casa Blanca sea recibido en visita de Estado. Simultáneamente hubo una petición a favor firmada por 311.000 personas. Lo interesante de la noticia es que allí toda iniciativa popular que supere las 100 000 firmas debe ser debatida en el Parlamento de Westminster, pero por ejemplo en España se exigen 500.000 firmas.

Christien Lagarde, directora del FMI, fue declarada por un jurado especial francés “culpable de negligencia”. Cuando Lagarde era ministra de Economía de Francia no presentó en 2008 un recurso para anular una decisión arbitral en la que se le concedió a un empresario (dueño de Adidas) más de 400 millones de euros del Estado. La corte la declaró culpable, pero estimó que dada su “reputación internacional” y el momento en que se produjo el hecho (crisis financiera internacional), merecía ser absuelta, no fue a la cárcel y tampoco pagó una multa. Ni siquiera estuvo presente en el momento de la sentencia. Sin embargo 140.000 franceses reaccionaron rápidamente, y en una carta al presidente de la República, François Hollande, exigieron un “juicio real”, para que Lagarde responda ante un tribunal correccional ordinario y asuma las consecuencias.

La infanta Cristina, sin duda el mayor dolor de cabeza de la casa real española, acaba de ser absuelta de los cargos que le imputaban, ya que lo que firmó lo hizo confiada en su marido y desconocía los negocios trasnochados de éste. Para la justicia su inocencia quedó probada. En una nota un periodista comentaba que ella trabaja  en un banco y tiene asesores del más alto nivel, pero firma los documentos que le pone su marido  sin cuestionarse de dónde proviene la riqueza.

Y añadía que, “esposa de” o “mujer florero”, son al igual que duquesa o baronesa, títulos nobiliarios que no sirven para nada pero que cuestan mucho dinero (dineros públicos, claro) y, la gente los ve en las películas o en los noticieros de la TV que les brindan un espacio destacado. A propósito, hace unos días vi una película donde la productora de un noticiero censuraba las tragedias de la guerra de Afganistán que le enviaba su reportera de guerra, consideraba que la gente ya no quería ver esas noticias, había que darle otras cosas. El esposo de la infanta, cuyos  delitos sí habrían sido probados, elude la prisión y tampoco se le retirará el pasaporte… A diferencia de dos titiriteros que el año pasado en Madrid por escenificar una serie de disparates ante un público infantil, fueron encarcelados y se les negó la fianza.

Recuerdo que en el 97, en una ciudad del interior, un joven de 20 años que trabajaba en una carpintería y que no tenía antecedentes penales, fue acusado de cometer un robo y la policía le secuestro sólo un peso (eran tiempos de la convertibilidad, por lo cual equivalía a un dólar). No se pudieron comprobar otras acusaciones, pero el tribunal aplicó la sanción que estipulaba el Código Penal y lo condenó a cinco años de prisión (la mínima para un robo calificado). Con esta condena los jueces sostenían, al igual que los políticos cuando son acusados de corrupción, que todos somos iguales ante la ley.

Hace unos años, al salir de uno de los hospitales donde voy a dar clases de medicina, me sorprendió ver movimientos de mujeres antiabortistas, periodistas y camarógrafos. No supe de qué se trataba hasta que llegué a mi casa y encendí el televisor. Una mujer joven, víctima de la trata de personas, había sido autorizada a que le practicasen un aborto, su embarazo era producto de una violación. La práctica no se produjo, una asociación civil presentó un recurso de amparo y la jueza desconociendo olímpicamente lo que dice la ley ordenó que no se practicara, lo que generó un conflicto de poderes. La mujer abusada permanecía en el hospital acompañada por funcionarios de una repartición oficial dedicada al rescate de personas en situación de trata, y era hostigada con pancartas que decían “asesina”, también tuvo una manifestación en su domicilio. A la semana renunciaba el director del hospital, acusado de obstruir el “aborto no punible” y de facilitar datos reservados de la mujer. Por esa fecha, recuerdo, en un artículo de un diario, un experto calculaba teniendo presente que el subregistro es frecuente, que en la Argentina se practican entre 450.000 y 500.000 abortos al año, claro que muy pocos llegan a ser judicializados o adquieren notoriedad pública como este caso.

En mi infancia oí reiteradamente decir a mi abuela, casada con un español de pura cepa,  que “para la justicia hay hijos y entenados” y, comentaba algún hecho de marras. Pese a ser muy chico, sus comentarios me quedaron grabados y  me dejaron una enseñanza.

Las instituciones, fundadas bajo el lema del interés público, como cosa ya establecida tienen una antigüedad e historia que contribuye a darles prestigio, por eso mucha gente espera hallar un sentido ético, un proceder correcto, que a Temis no se le caiga la venda. El Estado, el Parlamento, la Justicia, no son entelequias, mucho menos aguantaderas… Los hombres hacen funcionar a las instituciones, pero con respeto y dignidad. La falta de credibilidad obedece a que no se hace lo correcto, en realidad se hace lo contrario.

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